La Convención Nacional Democrática
o cómo no perdernos en un laberinto de discusiones sobre nombres y nombramientos, la legalidad y lo simbólico.
El sábado pasado se realizó la Convención Nacional Democrática, autodenominada finalmente Frente Amplio Progresista, donde se resolvió un programa común y se nombró un dirigente denominado “presidente legítimo”. La CND es una salida política al descontento de un sector importante de nuestra sociedad, tras lo que consideró un fraude y una ruptura del orden institucional (si es que éste alguna vez existió).
Quienes respaldan la CND se niegan a culminar su lucha democrática como ciudadanos representados por los diputados y senadores del PRD y su coalición en las cámaras; dicha bancada ha cometido más errores que aciertos, y por ello no recibe la confianza de la ciudadanía. La CND ha rebasado al PRD y tomará a sus legisladores como voceros de los intereses del movimiento, serán únicamente mediadores entre la ciudadanía y las instituciones que puedan dar forma legal a sus intereses. Esta es la lógica interna de la CND; su función es meramente política y no tiene ninguna facultad legal, menos aún la tendrá AMLO, cuyo nombramiento como “presidente legítimo de México” es relevante sólo dentro de la protesta de un sector de nuestra sociedad.
Para los fines de este movimiento, ser presidente o coordinador de la resistencia viene siendo lo mismo, la diferencia existe sólo para quienes no son partidarios de este movimiento. Sin duda, el nombre de coordinador hubiera tenido mejor recepción entre quienes no apoyan a AMLO, y no hubiera dado armas, ni a la derecha ni a ciertos medios de comunicación, para su satanización.
Lo importante de la Convención no es el estatuto de su dirigente, sino el establecimiento de un plan de acción que señale los puntos que guiarán su lucha, y los mecanismos que se emplearán para ello. En este sentido, AMLO pudo haber sido nombrado presidente o coordinador de la resistencia civil, y las acciones del movimiento tendrían que ser las mismas. El formalismo puede cambiar sin que cambien la lucha ni sus mecanismos.
El primer objetivo de este movimiento es imponer una agenda mínima al próximo gobierno y advertirle de la existencia de puntos básicos que no se pueden negociar. Estos puntos son, por el momento, 1) impedir el IVA en alimentos y medicinas 2) impedir la privatización del petróleo y la industria eléctrica 3)detener la libre importación de maíz de EU en 2010 4) revisar la legislación laboral y el sistema de pensiones 5) defender la obligación gubernamental de ofrecer educación de calidad, pública y laica 6) exigir al gobierno federal el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión 7) el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y 8) la creación de fuentes de empleo e inversión estatal y 9) atención al campo y a los sectores vulnerables. Si el próximo gobierno no incluye estos puntos en su agenda, el FAP lo presionará mediante manifestaciones para que los incluya. Dirigir y coordinar estas de protestas será la segunda tarea del FAP.
Tanto peor para los perredistas con curul sino ordenan como propuestas de ley estos puntos, pues perderán el apoyo que hasta ahora tienen y el movimiento los olvidará. Su labor hoy más que nunca es importante, pues el FAP continuará la lucha y presión pacifica mientras se encuentren causes legales para la materialización de sus intereses. Si las bancadas perredistas bloquean las únicas vías que quedan para dicha materialización, se generará un mayor encono en un sector que ya está en protesta. La tarea que ha asumido la CND consiste en delimitar, en forma pacifica, el campo de acción en el que se moverán Calderón y sus patrocinadores, y lo han comenzado a hacer mediante la celebración de la Convención misma y sus resolutivos; pero para cumplir dicha tarea necesita de la voluntad política de los legisladores perredistas.
La justificación inmediata para la instauración de la CND es la legitimación de un proceso electoral que las propias instituciones han reconocido marcado de ilegalidades, sin embargo, su origen se encuentra en los años de profunda desigualdad social que no sólo no se ha combatido, sino que es creciente y que supera la voluntad política y la capacidad de quienes han sido elegidos para combatirla.
La tarea de este Frente Amplio Progresista es promover en las cámaras los nueve puntos antes enumerados, más la gestión de la austeridad republicana en los niveles superiores de gobierno; tiene que demostrar el seguimiento de los mismos puntos en los espacios donde haya gobiernos que suscriban la CND, y tienen que ser incluyentes de las voces que aporten algo en la discusión y clarificación de los puntos que conforman la agenda del movimiento. Sobra decir que la lucha contra la corrupción debe comenzar en casa.
La CND y sus resolutivos son la respuesta de un número importante de mexicanos, que presenciamos como es que en estos seis años el país se ha sumido en la ingobernabilidad. La CND no es por sí misma una solución a este problema; será entonces una construcción continua, que comience por la congruencia de los puntos en discusión. Las tareas se irán haciendo más claras conforme pasen los días, y según la forma como ocurran lo sucesos del país, exigiremos los pronunciamientos del FAP y su dirigencia. Sin embargo, es necesario reconocer que se ha dado un paso necesario para alcanzar las metas de un movimiento democrático, a saber, la organización social en torno a un proyecto común con definiciones concretas.
El sábado pasado se realizó la Convención Nacional Democrática, autodenominada finalmente Frente Amplio Progresista, donde se resolvió un programa común y se nombró un dirigente denominado “presidente legítimo”. La CND es una salida política al descontento de un sector importante de nuestra sociedad, tras lo que consideró un fraude y una ruptura del orden institucional (si es que éste alguna vez existió).
Quienes respaldan la CND se niegan a culminar su lucha democrática como ciudadanos representados por los diputados y senadores del PRD y su coalición en las cámaras; dicha bancada ha cometido más errores que aciertos, y por ello no recibe la confianza de la ciudadanía. La CND ha rebasado al PRD y tomará a sus legisladores como voceros de los intereses del movimiento, serán únicamente mediadores entre la ciudadanía y las instituciones que puedan dar forma legal a sus intereses. Esta es la lógica interna de la CND; su función es meramente política y no tiene ninguna facultad legal, menos aún la tendrá AMLO, cuyo nombramiento como “presidente legítimo de México” es relevante sólo dentro de la protesta de un sector de nuestra sociedad.
Para los fines de este movimiento, ser presidente o coordinador de la resistencia viene siendo lo mismo, la diferencia existe sólo para quienes no son partidarios de este movimiento. Sin duda, el nombre de coordinador hubiera tenido mejor recepción entre quienes no apoyan a AMLO, y no hubiera dado armas, ni a la derecha ni a ciertos medios de comunicación, para su satanización.
Lo importante de la Convención no es el estatuto de su dirigente, sino el establecimiento de un plan de acción que señale los puntos que guiarán su lucha, y los mecanismos que se emplearán para ello. En este sentido, AMLO pudo haber sido nombrado presidente o coordinador de la resistencia civil, y las acciones del movimiento tendrían que ser las mismas. El formalismo puede cambiar sin que cambien la lucha ni sus mecanismos.
El primer objetivo de este movimiento es imponer una agenda mínima al próximo gobierno y advertirle de la existencia de puntos básicos que no se pueden negociar. Estos puntos son, por el momento, 1) impedir el IVA en alimentos y medicinas 2) impedir la privatización del petróleo y la industria eléctrica 3)detener la libre importación de maíz de EU en 2010 4) revisar la legislación laboral y el sistema de pensiones 5) defender la obligación gubernamental de ofrecer educación de calidad, pública y laica 6) exigir al gobierno federal el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión 7) el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y 8) la creación de fuentes de empleo e inversión estatal y 9) atención al campo y a los sectores vulnerables. Si el próximo gobierno no incluye estos puntos en su agenda, el FAP lo presionará mediante manifestaciones para que los incluya. Dirigir y coordinar estas de protestas será la segunda tarea del FAP.
Tanto peor para los perredistas con curul sino ordenan como propuestas de ley estos puntos, pues perderán el apoyo que hasta ahora tienen y el movimiento los olvidará. Su labor hoy más que nunca es importante, pues el FAP continuará la lucha y presión pacifica mientras se encuentren causes legales para la materialización de sus intereses. Si las bancadas perredistas bloquean las únicas vías que quedan para dicha materialización, se generará un mayor encono en un sector que ya está en protesta. La tarea que ha asumido la CND consiste en delimitar, en forma pacifica, el campo de acción en el que se moverán Calderón y sus patrocinadores, y lo han comenzado a hacer mediante la celebración de la Convención misma y sus resolutivos; pero para cumplir dicha tarea necesita de la voluntad política de los legisladores perredistas.
La justificación inmediata para la instauración de la CND es la legitimación de un proceso electoral que las propias instituciones han reconocido marcado de ilegalidades, sin embargo, su origen se encuentra en los años de profunda desigualdad social que no sólo no se ha combatido, sino que es creciente y que supera la voluntad política y la capacidad de quienes han sido elegidos para combatirla.
La tarea de este Frente Amplio Progresista es promover en las cámaras los nueve puntos antes enumerados, más la gestión de la austeridad republicana en los niveles superiores de gobierno; tiene que demostrar el seguimiento de los mismos puntos en los espacios donde haya gobiernos que suscriban la CND, y tienen que ser incluyentes de las voces que aporten algo en la discusión y clarificación de los puntos que conforman la agenda del movimiento. Sobra decir que la lucha contra la corrupción debe comenzar en casa.
La CND y sus resolutivos son la respuesta de un número importante de mexicanos, que presenciamos como es que en estos seis años el país se ha sumido en la ingobernabilidad. La CND no es por sí misma una solución a este problema; será entonces una construcción continua, que comience por la congruencia de los puntos en discusión. Las tareas se irán haciendo más claras conforme pasen los días, y según la forma como ocurran lo sucesos del país, exigiremos los pronunciamientos del FAP y su dirigencia. Sin embargo, es necesario reconocer que se ha dado un paso necesario para alcanzar las metas de un movimiento democrático, a saber, la organización social en torno a un proyecto común con definiciones concretas.