ESTRATEGIA SUICIDA

• Texto enviado por Alx del futuro

ESTRATEGIA SUICIDA.
El pasado 19 de febrero, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y miembros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) –partido de ultraderecha, gobernante en el Salvador- así como el chofer que los transportaba fueron acribillados y quemados vivos en la comunidad El Jocotillo, unos 30 kilómetros al sudeste de la capital guatemalteca. Los responsables de este crimen, quienes fueron arrestados gracias a un sistema de posicionamiento global por satélite (GPS) instalado en el vehículo en el que viajaban, resultaron ser Luis Arturo Herrera, jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DICN) de la Policía Nacional Civil (PNC), además de un oficial y dos agentes de la misma dirección. Tras su detención, los cuatro agentes fueron recluidos en la prisión guatemalteca de máxima seguridad conocida como El Boquerón, donde, finalmente, fueron asesinados el pasado domingo.
Las primeras versiones respecto a este caso son contradictorias: por un lado se atribuyó el asesinato a un motín dentro del reclusorio –cuya población está mayoritariamente constituida por "mareros"-; por otro lado, se asegura que un grupo paramilitar ingresó en la prisión y asesinó a los cuatro agentes, lo cual desató el motín.
Estos sucesos representan un duro golpe contra la estabilidad política y las pretensiones de integración de la región, así como para la credibilidad de las instituciones guatemaltecas. Un análisis histórico de estos acontecimientos remite necesariamente a los procesos de paz en los países centroamericanos, principalmente en Guatemala y el Salvador, que tuvieron lugar la década pasada. Tales procesos tuvieron como fin desmovilizar a los grupos armados contendientes: se erradicaron los escuadrones de la muerte y los batallones genocidas de los ejércitos nacionales y se negociaron soluciones de formalidad democrática para establecer cauces legales de participación para los sectores políticos que se expresaban por medio de las armas. Sin embargo, no se atacaron las causas originarias que desataron los conflictos, es decir, la desigualdad y la marginación, entre otras. El descontrol imperante en la región, en la que abundaban las personas entrenadas en el uso de las armas –es decir, sicarios potenciales- representó un contexto idóneo para el narcotráfico.
Desde un punto de vista político, cabe señalar cuán vulnerables son los estados centroamericanos ante la amenaza del crimen organizado. Si los llamados países de primer mundo, como Estados Unidos, no han podido erradicar el narcotráfico, sería iluso pensar que estados como Guatemala o el Salvador pudieran hacerlo, sobre todo si se toma en cuenta el alto grado de corrupción que sufren sus instituciones.
Todo parece conducirnos a la conclusión de que detrás de los homicidios perpetrados en El Boquerón se encuentra, más que una venganza, un acto que tenía como fin evitar a toda costa que se supiera quién había encargado el asesinato de los legisladores salvadoreños. El conflicto global contra el narcotráfico ha ocasionado que sociedades de países como Guatemala queden en medio de una guerra ajena, sin posibilidades de hacerse a un lado ni de incidir.
México debe verse reflejado en este espejo y entender que mientras más se involucran las autoridades en la guerra contra el narcotráfico, se vuelven más susceptibles a la corrupción, que genera asimismo descomposición social. Se trata de una ecuación muy simple y desalentadora: el negocio real del narcotráfico consiste en evadir la prohibición, mediante mecanismos de producción y distribución más complejos, que elevan el valor de la droga. Su poder radica en la prohibición, no en la necesidad de los adictos. Privilegiar un combate frontal, con tintes mediáticos, significa seguir una estrategia equivocada, condenada a la derrota.