López: su toma de protesta

Ante una Plaza de la Constitución repleta de simpatizantes, el ex-candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta como presidente legítimo de México, con lo cual se formalizó una fractura de carácter nacional, que se vislumbraba ya a raíz de la injerencia presidencial en los comicios del pasado 2 de julio, la negativa de las autoridades electorales a ordenar un recuento total y confiable de los votos, y la intromisión ilegal del sector empresarial y el clero durante el proceso electoral. Esta fractura surge como una consecuencia del cierre de las vías institucionales de participación, así como de las tendencias de exclusión deliberada y el manejo faccioso de la legalidad por parte los funcionarios federales, que se mostró inicialmente en el proceso de desafuero que enfrentó el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal: un intento de eliminar al adversario político, disfrazado de acto de procuración de justicia.
La división que hoy se traza de manera clara sobre el conjunto de la población mexicana no es sólo de índole política, sino también de índole social. Expresa, de manera contundente, una dicotomía entre los prósperos y los excluidos, visible en zonas de enorme potencial económico en las que cohabitan, sin embargo, millones de pobres; entre las optimistas cifras de los discursos oficiales y las miles de familias mexicanas condenadas al régimen de un salario mínimo insuficiente.
Independientemente del juicio que merezca la “toma de protesta” de López Obrador, el diagnóstico que éste hace sobre la realidad nacional es dolorosamente cierto: en un país inmerso en la desigualdad y la corrupción no se pueden fundar instituciones sólidas creíbles, transparentes y democráticas. La nación se encuentra dividida no porque un ex-candidato rinda protesta como presidente en la plaza pública más importante del país, después de que no le favorecieron los resultados oficiales de un proceso electoral impugnado y altamente cuestionable, sino porque los gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas han ido gestando una desigualdad social enorme, que fragmenta inevitablemente a la población. La catástrofe no consiste en el simple hecho de que López Obrador se haya ceñido la “banda presidencial”, sino en las causas que lo llevaron a ello.
Los grandes capitales -nacionales e internacionales- han hecho de las instituciones del país sus vasallas y se han servido de ellas para satisfacer sus propios intereses. Desde la lógica de esos intereses, el acto en el Zócalo es descalificado por recientes editoriales del diario español El País como un “intento ridículo de subvertir la democracia” y una “fantasmal farsa política”. Estos denuestos no toman en cuenta que el intento de consolidación de una autoridad alternativa constituye ya la única manera de canalizar el enorme descontento político, social y económico de manera pacífica y civilizada. Lo cierto es que no ha habido, por parte del movimiento que encabeza López Obrador, llamado alguno a la violencia ni incitación a la ilegalidad. El del 20 de Noviembre en el Zócalo fue un exhorto a conformar nuevas estructuras de participación política, un llamado a ejercer una “presidencia colectiva” de manera organizada, en cuyo plan de acción se incluye la lucha por el derecho constitucional a un salario justo, por garantizar la educación pública y gratuita hasta el nivel superior y por procurar los derechos de los millones de mexicanos indocumentados que trabajan en Estados Unidos.
La estabilidad política y social de México no dependió nunca de que López Obrador asumiera o no la “presidencia legítima”. Ha sido la voracidad de los grandes capitales, la cerrazón política, la corrupción imperante, las condiciones de injusticia social en que viven millones de mexicanos y -como colofón- la turbiedad en el proceso electoral lo que ha puesto en peligro la “convivencia pacífica y la paz civil” de la nación.