PFP: Intolerancia anunciada.

La Policía Federal Preventiva (PFP) entró a la ciudad de Oaxaca con el argumento de restablecer la paz social y el estado de derecho en la entidad. Esta pretensión, entendida en su sentido más amplio, implicaría no tolerar ningún tipo de acción delictiva. Sin embargo, la fuerza federal no ha cumplido con esta tarea y antes bien ha sido parcial en su ejecución.

A la llegada de la PFP, habían por lo menos tres factores que violentaban el entorno social en Oaxaca: por un lado, las barricadas instaladas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el movimiento magisterial; por otro lado, el constante acoso por parte de los cuerpos de seguridad locales en contra de las manifestaciones de protesta, y, por último, la falta de voluntad de autoridades estatales y federales para resolver un conflicto de origen laboral y sindical. La PFP se ha dedicado a atacar sistemáticamente al menos relevante de estos tres factores, es decir, al que constituía una falta administrativa por impedir el libre tránsito en el centro de la ciudad. El cúmulo de atropellos cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en cambio, fue soslayado. Cabe recordar que el clamor de descontento popular a raíz de las acciones de represión policial y paramilitar del pasado 27 de octubre –durante las cuales murieron un camarógrafo estadunidense y dos activistas de la APPO- fue desoído por la PFP, que en ningún momento se lanzó a la búsqueda de los homicidas y sí inició una cacería en contra de los integrantes del bando de las víctimas.

Las promesas del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, en el sentido de que no habría represión en la entidad -“en el nombre de Dios”-, resultaron evidentemente falsas: la represión ha ido creciendo y ahora se presenta como persecución política en contra de los dirigentes del movimiento, a quienes se les atribuye, entre otras cosas, toda la responsabilidad por la destrucción material de edificios históricos durante los enfrentamientos. El propio secretario Abascal asegura, a un mes de iniciada la toma de Oaxaca, que el gobierno de Vicente Fox nunca se comprometió a solucionar el conflicto y que eso le corresponde a la sociedad oaxaqueña. No menciona, sin embargo, las muertes ocurridas a raíz de la incursión de la PFP, que tendrán que sumarse al saldo negro iniciado por las acciones de represión del gobierno de Ruiz Ortiz.

Es claro que existe un encarnizamiento por parte de las autoridades en contra del movimiento popular encabezado por la APPO. Una muestra de ello es el traslado de 141 detenidos a un penal federal en Nayarit, argumentando que se trata de personas con “un perfil de alta peligrosidad” y que los penales de Oaxaca no cuentan con las condiciones carcelarias necesarias para su resguardo. Esta acción, a todas luces injusta e innecesaria, convierte en rehenes a los presos y a sus familias, los obliga a trasladarse de un extremo del país al otro y les impide participar de las acciones de manifestación pacífica de sus descontentos, como lo venían haciendo.

La PFP anunció ayer que “se agotó la tolerancia” en Oaxaca y que ejecutará las órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la APPO. Esta aseveración se antoja un tanto tardía, si se toma en cuenta que la tolerancia en aquella entidad nunca pasó a ser más que un elemento del discurso. Si algo ha habido en Oaxaca es una intolerancia facciosa en contra de uno de los bandos y un encubrimiento constante en favor de la otra parte –hasta hoy no se ha presentado ante las autoridades a ningún responsable por los homicidios ocurridos. La fuerza federal, lejos del rigor en la aplicación de la ley que debería caracterizarla, ha tomado partido y se ha vuelto cómplice de los asesinatos acaecidos en los últimos días.

Ante todo esto, el grupo en el poder –encabezado por el foxismo que se va y el calderonismo que llega- se ha involucrado en una política represiva y encubridora. Se hace cada vez más evidente la incapacidad política de Vicente Fox y se prefigura el autoritarismo y el uso de la fuerza como rasgos característicos de lo que será el gobierno de Felipe Calderón.