La violencia institucionalizada
Históricamente, en la política interior la derecha ha señalado transgresiones a la ley cometidas por grupos insurreccionales. No sólo las ha señalado, sino que las ha castigado o exigido a las autoridades competentes tal castigo, pues según dicen debe imperar el respeto a las leyes y a la paz, no así las armas ni el desconocimiento a las instituciones. Lo que subyace a esta postura es la identificación de la ley y la paz con la ausencia de focos insurreccionales. En México, quienes sostienen tal cosa olvidan lo siguiente: la pobreza extrema en la cual se encuentra inmersa gran parte de la ciudadanía es también una forma de violencia, y ha resultado de las políticas económicas imperantes.
Éste es el país de los elevadísimos sueldos en puestos gubernamentales, el país donde un mínimo porcentaje de la ciudadanía tiene acceso a la educación media superior; el país de la corrupción en distintos niveles institucionales, el país donde la fuerza policial puede violar las garantías individuales de decenas de personas sin que los mandos reciban sanción alguna; el país donde conflictos como el magisterial en Oaxaca se agravan por no ser atendidos; el país donde organismos no políticos compran espacios televisivos con fines proselitistas; el país del cual se predica democracia, pero se le llama al candidato adversario “peligro para la nación” como se hacía en tiempos fascistas; el país en cuya máxima casa de estudios se infiltra un policía federal para filmar una asamblea (1); el país en que los paisanos pagan la mala administración de los banqueros, el país donde mueren obreros a causa de las inseguras condiciones de trabajo.
Quien diga con orgullo que esta es la República Mexicana lugar de las leyes vive la misma fantasía que el presidente. Las formas de violencia mencionadas en el párrafo anterior son posibles gracias a los partidos políticos, algunas instituciones y medios informativos. Ello ha sido visto por la izquierda revolucionaria, de ahí su profundo rechazo al sistema, de ahí que sus medios y fines se mantengan al margen de éste. En contraste los medios y fines de la izquierda partidista han sido delimitados por marcos institucionales. Debido al compromiso con tales marcos, no tiene la autoridad política ni jurídica para rechazar totalmente las instituciones; pero tampoco está obligada a aceptar ciegamente lo que de éstas emane. Ésa es la tensión a la cual se enfrenta actualmente la izquierda partidista.
Nuestro país no es el de las leyes efectivas, pero tampoco el de la dictadura. Como dije en otro escrito, México es el país de los tintes dictatoriales, o de “transición democrática” como dicen los optimistas y los que gustan de eufemismos. Quienes estamos conscientes de ello y deseamos mantener una postura crítica, tenemos la posibilidad de apoyar al candidato de la izquierda partidista, apostando a la transparencia electoral mediante la resistencia civil pacífica; o bien, podemos alinearnos a la izquierda revolucionaria y tomar el asunto de las anomalías electorales como parte de una farsa. Lo contradictorio estaría en apoyar a Andrés Manuel hasta las últimas consecuencias, si es que tales descansaran en el total desconocimiento institucional.
Éste es el país de los elevadísimos sueldos en puestos gubernamentales, el país donde un mínimo porcentaje de la ciudadanía tiene acceso a la educación media superior; el país de la corrupción en distintos niveles institucionales, el país donde la fuerza policial puede violar las garantías individuales de decenas de personas sin que los mandos reciban sanción alguna; el país donde conflictos como el magisterial en Oaxaca se agravan por no ser atendidos; el país donde organismos no políticos compran espacios televisivos con fines proselitistas; el país del cual se predica democracia, pero se le llama al candidato adversario “peligro para la nación” como se hacía en tiempos fascistas; el país en cuya máxima casa de estudios se infiltra un policía federal para filmar una asamblea (1); el país en que los paisanos pagan la mala administración de los banqueros, el país donde mueren obreros a causa de las inseguras condiciones de trabajo.
Quien diga con orgullo que esta es la República Mexicana lugar de las leyes vive la misma fantasía que el presidente. Las formas de violencia mencionadas en el párrafo anterior son posibles gracias a los partidos políticos, algunas instituciones y medios informativos. Ello ha sido visto por la izquierda revolucionaria, de ahí su profundo rechazo al sistema, de ahí que sus medios y fines se mantengan al margen de éste. En contraste los medios y fines de la izquierda partidista han sido delimitados por marcos institucionales. Debido al compromiso con tales marcos, no tiene la autoridad política ni jurídica para rechazar totalmente las instituciones; pero tampoco está obligada a aceptar ciegamente lo que de éstas emane. Ésa es la tensión a la cual se enfrenta actualmente la izquierda partidista.
Nuestro país no es el de las leyes efectivas, pero tampoco el de la dictadura. Como dije en otro escrito, México es el país de los tintes dictatoriales, o de “transición democrática” como dicen los optimistas y los que gustan de eufemismos. Quienes estamos conscientes de ello y deseamos mantener una postura crítica, tenemos la posibilidad de apoyar al candidato de la izquierda partidista, apostando a la transparencia electoral mediante la resistencia civil pacífica; o bien, podemos alinearnos a la izquierda revolucionaria y tomar el asunto de las anomalías electorales como parte de una farsa. Lo contradictorio estaría en apoyar a Andrés Manuel hasta las últimas consecuencias, si es que tales descansaran en el total desconocimiento institucional.
1) En una de las primeras asambleas llevadas a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras con motivo de la represión ocurrida en Atenco, se le pidieron identificaciones al desconocido que estaba filmando. Resultó ser un PFP. Este suceso no tuvo mayor eco, puesto que ese tipo de intromisiones parece cosa normal.