El martes 20 de octubre, en la Corte Superior de California, se hizo pública una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera Carrera, por su presunta participación en una red de pederastas. La denuncia fue presentada por Joaquín Aguilar, quien afirma que Rivera Carrera encubrió al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de violación a menores.
Esta presunta red de pederastas se hace pública unos días después de que se conociera la relación entre Emilio Gamboa, coordinador priísta de la Cámara de Diputados, con Kamel Nacif, empresario relacionado con Succar Kuri, quien junto con Mario Marín, gobernador de Puebla, es investigado por abuso de poder en contra de la periodista Lydia Cacho, debido a que ésta documentó la presunta red de pederastas en la que están involucrados tanto empresarios como políticos. El caso de Kamel Nacif ha evidenciado la relación entre quienes han sido elegidos para ejecutar la ley y quienes la han violado.
Por otra parte, la denuncia impuesta contra Rivera Carrera, parecía evidenciar, únicamente, la corrupción al interior de la Iglesia Católica en México. Sin embargo, tras hacerse pública esta denuncia, personal del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría Gobernación, intentó detener a los abogados norteamericanos que llevan la defensa de Joaquín Aguilar, con el pretexto de que su estancia en el país era ilegal. Los abogados de la parte defensora demostraron tener su documentación en orden, por lo que es necesario preguntarnos si su intento de detención fue un simple error del INM, o bien, si dicho intento es evidencia de que existe un fuero que protege a las instituciones eclesiásticas, brindado por el Gobierno Federal y su Secretaría de Gobernación
La denuncia contra Rivera Carrera no sólo obliga a pensar la presunta corrupción de la Iglesia Católica en México, sino que podría brindar nuevos elementos para confirmar la corrupción del Estado mexicano. Si la detención de los abogados de Joaquín Aguilar intentó servir de protección al cardenal Rivera, será necesario denunciar el rompimiento del orden constitucional, pues éste exige un Estado laico y distante de cualquier agrupación religiosa.
Las denuncias por delitos sexuales contra menores son comunes todos los días, y son evidencia del abuso de poder que existe en nuestra sociedad, pues se presume que los violadores de infantes son, la mayoría de las veces, personas cercanas a las víctimas. Es necesario castigar a quien cometa abusos contra menores y es necesario, también, averiguar en qué medida dicho abuso se efectúa con el consentimiento de autoridades de cualquier tipo.
Si la denuncia interpuesta contra Rivera Carrera hace públicas las redes de corrupción en la Iglesia Católica, él y sus cómplices deben ser castigados. Pero si este caso demuestra la complicidad del Gobierno, protegiendo a quienes se aprovechan de su investidura religiosa para violar la ley, es necesario revisar la conducta de los titulares del Gobierno Federal y la SEGOB, para exigirles que hagan valer en forma real la distinción entre la Iglesia y el Estado. Sólo mediante el principio de un Estado laico, el Poder Judicial podrá dirigirse con plena autonomía en la investigación y castigo de éste y otros casos de religiosos acusados de pederastia. De lo contrario, el mismo Presidente de la República y su Secretario de Gobernación estarían violando la Constitución, al brindar impunidad a quienes violan la ley y al reinstaurar un fuero para la protección de la iglesia con la que comulga el grupo gobernante. El silencio del gobierno federal ante este problema, después de tres semanas de hacerse público, no hace sino acrecentar las sospechas sobre violaciones constitucionales ejecutadas por el mismo Vicente Fox y el señor Abascal.
