PFP: Intolerancia anunciada.

La Policía Federal Preventiva (PFP) entró a la ciudad de Oaxaca con el argumento de restablecer la paz social y el estado de derecho en la entidad. Esta pretensión, entendida en su sentido más amplio, implicaría no tolerar ningún tipo de acción delictiva. Sin embargo, la fuerza federal no ha cumplido con esta tarea y antes bien ha sido parcial en su ejecución.

A la llegada de la PFP, habían por lo menos tres factores que violentaban el entorno social en Oaxaca: por un lado, las barricadas instaladas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el movimiento magisterial; por otro lado, el constante acoso por parte de los cuerpos de seguridad locales en contra de las manifestaciones de protesta, y, por último, la falta de voluntad de autoridades estatales y federales para resolver un conflicto de origen laboral y sindical. La PFP se ha dedicado a atacar sistemáticamente al menos relevante de estos tres factores, es decir, al que constituía una falta administrativa por impedir el libre tránsito en el centro de la ciudad. El cúmulo de atropellos cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en cambio, fue soslayado. Cabe recordar que el clamor de descontento popular a raíz de las acciones de represión policial y paramilitar del pasado 27 de octubre –durante las cuales murieron un camarógrafo estadunidense y dos activistas de la APPO- fue desoído por la PFP, que en ningún momento se lanzó a la búsqueda de los homicidas y sí inició una cacería en contra de los integrantes del bando de las víctimas.

Las promesas del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, en el sentido de que no habría represión en la entidad -“en el nombre de Dios”-, resultaron evidentemente falsas: la represión ha ido creciendo y ahora se presenta como persecución política en contra de los dirigentes del movimiento, a quienes se les atribuye, entre otras cosas, toda la responsabilidad por la destrucción material de edificios históricos durante los enfrentamientos. El propio secretario Abascal asegura, a un mes de iniciada la toma de Oaxaca, que el gobierno de Vicente Fox nunca se comprometió a solucionar el conflicto y que eso le corresponde a la sociedad oaxaqueña. No menciona, sin embargo, las muertes ocurridas a raíz de la incursión de la PFP, que tendrán que sumarse al saldo negro iniciado por las acciones de represión del gobierno de Ruiz Ortiz.

Es claro que existe un encarnizamiento por parte de las autoridades en contra del movimiento popular encabezado por la APPO. Una muestra de ello es el traslado de 141 detenidos a un penal federal en Nayarit, argumentando que se trata de personas con “un perfil de alta peligrosidad” y que los penales de Oaxaca no cuentan con las condiciones carcelarias necesarias para su resguardo. Esta acción, a todas luces injusta e innecesaria, convierte en rehenes a los presos y a sus familias, los obliga a trasladarse de un extremo del país al otro y les impide participar de las acciones de manifestación pacífica de sus descontentos, como lo venían haciendo.

La PFP anunció ayer que “se agotó la tolerancia” en Oaxaca y que ejecutará las órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la APPO. Esta aseveración se antoja un tanto tardía, si se toma en cuenta que la tolerancia en aquella entidad nunca pasó a ser más que un elemento del discurso. Si algo ha habido en Oaxaca es una intolerancia facciosa en contra de uno de los bandos y un encubrimiento constante en favor de la otra parte –hasta hoy no se ha presentado ante las autoridades a ningún responsable por los homicidios ocurridos. La fuerza federal, lejos del rigor en la aplicación de la ley que debería caracterizarla, ha tomado partido y se ha vuelto cómplice de los asesinatos acaecidos en los últimos días.

Ante todo esto, el grupo en el poder –encabezado por el foxismo que se va y el calderonismo que llega- se ha involucrado en una política represiva y encubridora. Se hace cada vez más evidente la incapacidad política de Vicente Fox y se prefigura el autoritarismo y el uso de la fuerza como rasgos característicos de lo que será el gobierno de Felipe Calderón.

López: su toma de protesta

Ante una Plaza de la Constitución repleta de simpatizantes, el ex-candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta como presidente legítimo de México, con lo cual se formalizó una fractura de carácter nacional, que se vislumbraba ya a raíz de la injerencia presidencial en los comicios del pasado 2 de julio, la negativa de las autoridades electorales a ordenar un recuento total y confiable de los votos, y la intromisión ilegal del sector empresarial y el clero durante el proceso electoral. Esta fractura surge como una consecuencia del cierre de las vías institucionales de participación, así como de las tendencias de exclusión deliberada y el manejo faccioso de la legalidad por parte los funcionarios federales, que se mostró inicialmente en el proceso de desafuero que enfrentó el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal: un intento de eliminar al adversario político, disfrazado de acto de procuración de justicia.
La división que hoy se traza de manera clara sobre el conjunto de la población mexicana no es sólo de índole política, sino también de índole social. Expresa, de manera contundente, una dicotomía entre los prósperos y los excluidos, visible en zonas de enorme potencial económico en las que cohabitan, sin embargo, millones de pobres; entre las optimistas cifras de los discursos oficiales y las miles de familias mexicanas condenadas al régimen de un salario mínimo insuficiente.
Independientemente del juicio que merezca la “toma de protesta” de López Obrador, el diagnóstico que éste hace sobre la realidad nacional es dolorosamente cierto: en un país inmerso en la desigualdad y la corrupción no se pueden fundar instituciones sólidas creíbles, transparentes y democráticas. La nación se encuentra dividida no porque un ex-candidato rinda protesta como presidente en la plaza pública más importante del país, después de que no le favorecieron los resultados oficiales de un proceso electoral impugnado y altamente cuestionable, sino porque los gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas han ido gestando una desigualdad social enorme, que fragmenta inevitablemente a la población. La catástrofe no consiste en el simple hecho de que López Obrador se haya ceñido la “banda presidencial”, sino en las causas que lo llevaron a ello.
Los grandes capitales -nacionales e internacionales- han hecho de las instituciones del país sus vasallas y se han servido de ellas para satisfacer sus propios intereses. Desde la lógica de esos intereses, el acto en el Zócalo es descalificado por recientes editoriales del diario español El País como un “intento ridículo de subvertir la democracia” y una “fantasmal farsa política”. Estos denuestos no toman en cuenta que el intento de consolidación de una autoridad alternativa constituye ya la única manera de canalizar el enorme descontento político, social y económico de manera pacífica y civilizada. Lo cierto es que no ha habido, por parte del movimiento que encabeza López Obrador, llamado alguno a la violencia ni incitación a la ilegalidad. El del 20 de Noviembre en el Zócalo fue un exhorto a conformar nuevas estructuras de participación política, un llamado a ejercer una “presidencia colectiva” de manera organizada, en cuyo plan de acción se incluye la lucha por el derecho constitucional a un salario justo, por garantizar la educación pública y gratuita hasta el nivel superior y por procurar los derechos de los millones de mexicanos indocumentados que trabajan en Estados Unidos.
La estabilidad política y social de México no dependió nunca de que López Obrador asumiera o no la “presidencia legítima”. Ha sido la voracidad de los grandes capitales, la cerrazón política, la corrupción imperante, las condiciones de injusticia social en que viven millones de mexicanos y -como colofón- la turbiedad en el proceso electoral lo que ha puesto en peligro la “convivencia pacífica y la paz civil” de la nación.

Seguro popular: nunca tan pocos han dañado a tantos

por Gustavo Leal F. *

Mientras la asamblea permanente de trabajadores del Hospital General Rubén Leñero cerraba el servicio de consulta externa, porque las autoridades del GDF no atienden la demanda para incrementar la plantilla, y mientras -también por mandato de otra asamblea- los trabajadores del Hospital Nacional Homeopático impedían la entrada de su director porque la "acreditación" para prestar servicios al Seguro Popular es "una farsa", Fox ostentaba que en el sexenio "se logró la democratización de la salud" y Julio Frenk fanfarroneaba que para 2010, "100 por ciento de la población contará con acceso a los servicios de salud".
Los trabajadores del Hospital Nacional Homeopático (sección 16 del Sntssa) denunciaron que para encubrir las carencias y pretender engañar a la población, la "acreditación" se logró con préstamos de equipos, compra de medicamentos e insumos que cotidianamente son inexistentes, así como la instalación de cortinas para dividir el espacio entre los pacientes.
Argumentando que como los servicios del Hospital Juárez-Centro se han reducido "hasta prácticamente cerrarse" -lo cual ha repercutido en el Homeopático rebasando su capacidad de atención-, decidieron clausurarlo, bloquear la calle 5 de Febrero y exigir la contratación de, al menos, 80 médicos y 70 enfermeras, "sólo para cubrir el déficit que ya existe en diferentes servicios clínicos". Y aclararon: "habrá que ver si de cumplirse esa plantilla, será suficiente para atender el Seguro Popular".
Sin embargo, la firma Det Norske Veritas otorgó (por segunda ocasión, la primera fue en octubre de 2005) la certificación ISO 9001:2000 a ocho procesos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y su segurito "popular" a cargo del actuario (y Amigo de Fox) José Antonio Fernández Ortiz. Esta fantástica comisión pretende ampliar esa curiosa "certificación" a "todas" las entidades federativas ¡en 2008! ¡Vaya comisión y vaya firmita!
Después de sostener que la SHCP había "autorizado" un incremento de 90 por ciento en las plazas de residencias médicas para cubrir la demanda de médicos especialistas en los 12 hospitales que "construirá" el Seguro Popular -aunque el 30 Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas apenas aceptó 5 mil médicos y rechazó casi 19 mil (La Jornada, 29 de octubre)-, Frenk recibió en la Cámara de Diputados severos cuestionamientos de 16 legisladores de todos los partidos por los "limitados avances" de su segurito en zonas rurales, afiliación, desigualdad presupuestal para las entidades, VIH, pésima atención médica (cuando la hay), deterioro de los servicios, quejas y mortalidad materna.
Además de quedarse prácticamente callado, Frenk apenas alcanzó a medio "responder" que todo dependía de que el Congreso "autorice los recursos suficientes" (!), obviando que, sólo en 2006, su "popular" engendro dilapidó miserablemente ¡24 mil 500 millones de pesos!, incluyendo el sucio pacto con las tabacaleras. Y todavía agregó: "el próximo año se tendrá que duplicar la asignación". ¿Para mantener a cuántos costosos funcionarios del actuario Fernández Ortiz?
Simultáneamente, el Centro de Atención Profesional a Personas con Sida establecía que el Seguro Popular carece de capacidad para atender y proporcionar medicamentos, mientras la Conago lamentaba que el Consejo Nacional de Salud de Frenk no "consulte" a las secretarías de Finanzas estatales: no hay certidumbre y los recursos son "insuficientes" para los "compromisos financieros" del Seguro Popular; el crecimiento del gasto será superior al del ingreso disponible. Además, puntualizó, se prevén serias presiones financieras por la situación contractual de los trabajadores del segurito y no se "reconoce" la infraestructura médica edificada por las entidades.
Por lo cual, la Conago solicitó a los diputados "revisar las disposiciones reglamentarias y convenios" de la impopular criatura foxista, así como sus "implicaciones financieras para los estados", en especial los "esquemas contractuales". En una palabra: cancelarlo de una vez por todas, y entregar inmediatamente sus cuantiosos y sanitariamente inútiles recursos al Programa IMSS-Oportunidades, cuyos servicios están saturados.
Pero por esos mismos días, se agudizaban las carencias en el Hospital Balbuena (GDF), mientras el panista Sergio Estrada Cajigal (Morelos) cerraba su "gobierno" dejando inconcluso (y con el gasto duplicado) un compromiso principal de campaña: el Hospital de la Mujer en Yautepec, uno de los 12 presumidos por Frenk.
En Aguascalientes, el Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo trabaja saturado a 125 por ciento de su capacidad por atender, ahora -además de derechohabientes de IMSS e ISSSTE-, la demanda del Seguro Popular, a pesar de las protestas del gobernador, también panista, Luis Reynoso.
Solo faltaba que, desde el Sntssa, Rodolfo Monsiváis advirtiera que para "evitar el fracaso" del Seguro Popular se requieren 50 mil plazas, 10 hospitales de especialidad e igual número de clínicas generales. Y es que, puntualizó, de sus 200 mil afiliados, "60 mil tienen sueldos miserables y no cuentan con prestaciones de ley", por lo que, a 2010, el "gobierno necesitará basificar a más de 100 mil médicos y enfermeras", aunque -siempre optimista- para el actuario Fernández Ortiz el segurito "logró que volteen a ver como modelo a México"!
Como indica el doctor Francisco Javier Sámano, en este lamentable cuadro de "democratización" de la salud casi no hay cómo ejercer el "deber fiduciario del médico" (Anales Médicos, 51, 2, abril-junio, 06).
El "macroeconomista" de la salud Julio Frenk, autor de un fraudulento engendro que ni es "seguro" ni mucho menos "popular" -pero sí calza en el cosmos de foxilandia-, también es -por segunda ocasión- ¡el patético candidato "de México" a la OMS!

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco