Bueno, sí
Contra los discursos panfletarios, una izquierda crítica
“La desgracia de los hombres es no poder mirar al cielo sino de forma oblicua. Si los ojos tuvieran una relación perpendicular con él, otro habría sido el caríz de la historia"
Labels: derechos humanos
La institucionalidad nacional atraviesa por una de las crisis más graves de su historia. Las dependencias electorales y de seguridad pública, entre otras, padecen una creciente erosión de autoridad y de credibilidad, misma que se agrava debido al avance de los grupos de poder fácticos que operan al margen de la legalidad (el narco, la Iglesia -que busca asumir cada vez más roles de partido político, que no le corresponden-, y los grupúsculos empresariales que no pagan impuestos, por citar algunos). Por otro lado, prevalece una aguda crisis en materia de derechos humanos en el país desde el sexenio pasado, que se ha agravado en la presente administración por las tendencias autoritarias del grupo en el poder.
Ante este panorama, se esperaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su titular, José Luis Soberanes, actuaran a la altura de las circunstancias en defensa de quienes han sido objeto de abusos por parte de la autoridad. Sin embargo, casos como los de Atenco y Oaxaca son muestras la inoperancia de la institución ante situaciones de claras violaciones a los derechos humanos. Actualmente, en lo que respecta al caso de Ernestina Ascensión Rosario, quien presuntamente fue violada por elementos del ejército en la sierra de Zongolica, Veracruz, la CNDH, lejos de contribuir al esclarecimiento de este suceso de suyo lamentable, ha mostrado una actitud errática, se ha desviado de sus funciones y su titular se ha enfrascado en una guerra declarativa muy desafortunada, al calificar la discusión sobre la causa de muerte de la anciana de 73 años como “un pleito de verduleras”.
Son de llamar la atención las contradicciones en las que diversas instituciones han incurrido en lo que respecta a este caso. Baste recordar que el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, aseguró que Asención Rosario había muerto a causa de una gastritis, cuando la versión "oficial" de la propia CNDH dice que se trató de una anemia crónica aguda –calificada como “enfermedad de pobreza”. Ambas versiones contradicen el diagnóstico de la ginecóloga especialista en delitos sexuales de la procuraduría veracruzana, María Catalina Rodríguez Rosas, quien aseguró que fue una lesión interna, causada por una violación brutal, lo que le provocó la muerte a Ascensión Rosario (esta aseveración, por cierto, ha sido negada ya por la propia procuraduría veracruzana, en lo que representó un giro inesperado, que no deja de despertar suspicacias en la opinión pública). Por otra parte, habrá que considerar las versiones que aseguran que los primeros visitadores de la CNDH atribuyeron la responsabilidad de la muerte de la anciana a elementos de las fuerzas armadas (“Todo apunta hacia el Ejército”, habrían dicho). Por si fuera poco, en el contexto de su comparecencia ante diputados federales el pasado 26 de abril, Soberanes fue señalado por extralimitar “las funciones que le otorga la Constitución y la ley”, al presentar acusaciones penales contra la procuraduría veracruzana. Con todo esto, se ha posicionado como parte de una discusión en la que se supone que su principal función era determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos.
Esta circunstancia es profundamente alarmante, sobre todo si se toma en cuenta que el ombudsman nacional era una de las pocas figuras públicas que gozaba de autoridad moral y que la dependencia que él encabeza parecía haberse mantenido a salvo del proceso crítico de descomposición institucional. Todo indica que esa crisis ha alcanzado también a este organismo, en perjuicio de la protección de las garantías individuales de la ciudadanía.
Labels: crisis institucional, Zongolica
ESTRATEGIA SUICIDA.
El pasado 19 de febrero, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y miembros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) –partido de ultraderecha, gobernante en el Salvador- así como el chofer que los transportaba fueron acribillados y quemados vivos en la comunidad El Jocotillo, unos 30 kilómetros al sudeste de la capital guatemalteca. Los responsables de este crimen, quienes fueron arrestados gracias a un sistema de posicionamiento global por satélite (GPS) instalado en el vehículo en el que viajaban, resultaron ser Luis Arturo Herrera, jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DICN) de la Policía Nacional Civil (PNC), además de un oficial y dos agentes de la misma dirección. Tras su detención, los cuatro agentes fueron recluidos en la prisión guatemalteca de máxima seguridad conocida como El Boquerón, donde, finalmente, fueron asesinados el pasado domingo.
Las primeras versiones respecto a este caso son contradictorias: por un lado se atribuyó el asesinato a un motín dentro del reclusorio –cuya población está mayoritariamente constituida por "mareros"-; por otro lado, se asegura que un grupo paramilitar ingresó en la prisión y asesinó a los cuatro agentes, lo cual desató el motín.
Estos sucesos representan un duro golpe contra la estabilidad política y las pretensiones de integración de la región, así como para la credibilidad de las instituciones guatemaltecas. Un análisis histórico de estos acontecimientos remite necesariamente a los procesos de paz en los países centroamericanos, principalmente en Guatemala y el Salvador, que tuvieron lugar la década pasada. Tales procesos tuvieron como fin desmovilizar a los grupos armados contendientes: se erradicaron los escuadrones de la muerte y los batallones genocidas de los ejércitos nacionales y se negociaron soluciones de formalidad democrática para establecer cauces legales de participación para los sectores políticos que se expresaban por medio de las armas. Sin embargo, no se atacaron las causas originarias que desataron los conflictos, es decir, la desigualdad y la marginación, entre otras. El descontrol imperante en la región, en la que abundaban las personas entrenadas en el uso de las armas –es decir, sicarios potenciales- representó un contexto idóneo para el narcotráfico.
Desde un punto de vista político, cabe señalar cuán vulnerables son los estados centroamericanos ante la amenaza del crimen organizado. Si los llamados países de primer mundo, como Estados Unidos, no han podido erradicar el narcotráfico, sería iluso pensar que estados como Guatemala o el Salvador pudieran hacerlo, sobre todo si se toma en cuenta el alto grado de corrupción que sufren sus instituciones.
Todo parece conducirnos a la conclusión de que detrás de los homicidios perpetrados en El Boquerón se encuentra, más que una venganza, un acto que tenía como fin evitar a toda costa que se supiera quién había encargado el asesinato de los legisladores salvadoreños. El conflicto global contra el narcotráfico ha ocasionado que sociedades de países como Guatemala queden en medio de una guerra ajena, sin posibilidades de hacerse a un lado ni de incidir.
México debe verse reflejado en este espejo y entender que mientras más se involucran las autoridades en la guerra contra el narcotráfico, se vuelven más susceptibles a la corrupción, que genera asimismo descomposición social. Se trata de una ecuación muy simple y desalentadora: el negocio real del narcotráfico consiste en evadir la prohibición, mediante mecanismos de producción y distribución más complejos, que elevan el valor de la droga. Su poder radica en la prohibición, no en la necesidad de los adictos. Privilegiar un combate frontal, con tintes mediáticos, significa seguir una estrategia equivocada, condenada a la derrota.